CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Las autoridades panameñas aseguraron el lunes que más de 200 personas han sido detenidas vinculadas con robos y violación sexual en contra de migrantes que cruzaron la jungla del Darién, en la frontera con Colombia, lo que subraya los peligros y abusos con que lidian los extranjeros que se lanzan por esa ruta con rumbo a Estados Unidos.
Esas estadísticas que corresponden al 2023 hasta la fecha, presentadas en una conferencia de prensa en el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, se dan después de divulgarse la semana pasada un reporte de Human Rights Watch en el que se denunció que el país centroamericano y Colombia no protegen a los cientos de miles de migrantes, entre ellos mujeres y niños, que cruzan por el Darién, y en el que se pedía mejorar la seguridad y la asistencia de organismos internacionales.
El gobierno del presidente panameño, Laurentino Cortizo, que termina su mandato el 1 de julio, trata de salir al paso a los cuestionamientos tras ese reporte de HRW y a las críticas que desató la reciente salida de Médicos Sin Fronteras del Darién, luego de que las autoridades no autorizaran a la ONG seguir operando en esa inhóspita zona.
Panamá y Colombia negaron el viernes pasado que hayan abandonado a su suerte a los migrantes que cruzan el Darién y volvieron a exigir mayor colaboración y recursos de la comunidad internacional durante un encuentro de ministros de Relaciones Exteriores.
El director del Servicio Nacional de Fronteras, Jorge Gobea, detalló que entre los capturados desde el año pasado hay panameños y extranjeros y que esto es el resultado de una operación de seguridad y de combate a las redes de tráfico de migrantes.
Por su parte, el fiscal primero contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, precisó en la misma rueda de prensa que de esas personas, 96 han sido procesadas judicialmente, 24 de ellas por el delito de tráfico de migrantes.
Agregó que entre los detenidos también hay un funcionario de migración y un agente del servicio o policía de fronteras, a los que, según aseguró, no se les ha podido formular imputación “toda vez que no se cuenta con mayores elementos” respecto a los delitos que habrían cometido.
El ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, señaló que gestionar el flujo migratorio irregular por el Darién, que data de hace más de una década, no es fácil porque —indica— que entre los migrantes entran también personas con antecedentes delictivos o vínculos con organizaciones del crimen organizado, que han detectado a través de pruebas biométricas.
Tras asegurar que es algo que no hacen otros países, Pino informó que la próxima semana se realizarán cinco vuelos chárter para deportar a migrantes con esos antecedentes, aunque no precisó el número ni las nacionalidades.
Panamá ha invertido más de 70 millones de dólares en la atención a los migrantes, aseguró la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine. “Es el país que más ha invertido en el tema humanitario… Esfuerzos que no se ven otros países”.
La migración irregular por el Darién marcó un nuevo récord el año pasado al registrarse el cruce de más de medio millón, en su mayoría venezolanos. Las autoridades pronostican que esa cifra se rebasaría en el 2024.
