SAN DIEGO (AP) — La Patrulla Fronteriza arrestó a Gerardo Henao 14 horas después de que el presidente Joe Biden ordenó esta semana suspender la tramitación de asilo en la frontera de Estados Unidos con México. Pero en lugar de ser deportado sumariamente, los agentes lo dejaron al día siguiente en una parada de autobús de San Diego, donde subió a un tren hacia el aeropuerto para tomar un vuelo a Newark, Nueva Jersey.
Henao, quien dejó su negocio de joyería en Medellín, Colombia, debido a constantes intentos de extorsión, tuvo una cosa a su favor: la escasez de vuelos de deportación a ese país. La falta de recursos, las limitaciones diplomáticas y los obstáculos logísticos dificultan que el gobierno del presidente Joe Biden imponga su restricción a gran escala.
La política, que entró en vigor el miércoles, tiene una excepción por “consideraciones operativas”, lenguaje oficial que reconoce que el gobierno carece del dinero y la autoridad para deportar a todos quienes están sujetos a la medida, especialmente personas de países de Sudamérica, Asia, África y Europa que llegaron hace poco a la frontera.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un documento detallado que describe la prohibición que “la demografía y las nacionalidades encontradas en la frontera impactan significativamente” su capacidad para deportar personas.
Miles de inmigrantes han sido deportados bajo la prohibición hasta ahora, según dos altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que informaron a los periodistas el viernes con la condición de que no se revelaran sus nombres. Hubo 17 vuelos de deportación, incluido uno a Uzbekistán. Entre los deportados se encuentran personas de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú y México.
Henao, de 59 años, dijo que un agente de la Patrulla Fronteriza le informó sobre la prohibición después de que lo recogieron el miércoles en un camino de tierra cerca de una línea eléctrica de alto voltaje en las montañas rocosas al este de San Diego. El agente procesó los documentos de liberación que le ordenaban comparecer ante el tribunal de inmigración el 23 de octubre en Nueva Jersey. Casualmente le preguntó a Henao por qué huyó de Colombia, pero no prosiguió esa línea de interrogación.
“No fue nada”, dijo Henao en un centro de tránsito de San Diego, donde la Patrulla Fronteriza llevó cuatro autobuses llenos de migrantes en un lapso de cuatro horas el jueves por la tarde. “Me tomaron una foto, mis huellas dactilares y eso fue todo”.
Muchos de los migrantes liberados ese día procedían de China, India, Colombia y Ecuador. Un grupo incluía a hombres de Mauritania, Sudán y Etiopía.
“Hola, si acaban de llegar, han sido liberados de la custodia de inmigración y pueden ir al aeropuerto”, dijo un voluntario con un megáfono a los migrantes, y los dirigió a la plataforma del tren ligero al otro lado del estacionamiento. “Pueden tomarlo gratis si no tienen dinero para un taxi o un Uber”.
Según la medida, los trámites de asilo se suspenden cuando los arrestos por cruces ilegales lleguen a 2.500 por día. Termina cuando su promedio está por debajo de 1.500 durante una semana consecutiva.
A los funcionarios fronterizos se les dijo que dieran la máxima prioridad a la detención de inmigrantes que puedan ser deportados fácilmente, seguida de las nacionalidades “difíciles de expulsar”, que requieren al menos cinco días para emitirles documentos de viaje, y luego las nacionalidades “muy difíciles de expulsar”, cuyos gobiernos no aceptan vuelos de Estados Unidos.
Las instrucciones se exponen en un memorando dirigido a los agentes, del que informó el New York Post. The Associated Press confirmó su contenido con un funcionario estadounidense, quien habló bajo condición de anonimato porque no ha sido divulgado públicamente.
El Departamento de Seguridad Nacional ha sido claro acerca de los obstáculos, dijo Theresa Cardinal Brown, asesora sénior de inmigración y política fronteriza en el Centro de Política Bipartidista, un grupo de expertos de Washington.
“Hay una limitación en los recursos que tiene el gobierno para la detención y expulsión de personas, y en particular hacia los países a los que nos resulta difícil expulsar a la gente porque el (otro) gobierno no coopera”, explicó Brown. “No los podemos detener indefinidamente”.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizó 679 vuelos de deportación entre enero y mayo, casi el 60% de ellos a Guatemala y Honduras, según Witness at the Border (Testigo en la Frontera), un grupo de defensa que analiza datos de vuelos. Hubo 46 vuelos a Colombia, 42 a Ecuador y 12 a Perú, una cantidad relativamente pequeña al considerar que decenas de miles de personas ingresan ilegalmente desde esos países cada mes.
Durante ese período sólo hubo 10 vuelos de deportación a África, que se ha convertido en una importante fuente de inmigración a Estados Unidos. Sólo hubo uno a China, a pesar de los arrestos de casi 13.000 inmigrantes chinos.
México es el país más fácil para las deportaciones porque sólo es cuestión de conducir hasta el cruce fronterizo más cercano, pero los mexicanos representaron menos de 3 de cada 10 arrestos fronterizos en el último año fiscal del gobierno, frente a 9 de cada 10 en 2010. México también recibe a 30.000 personas al mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, países que tienen capacidad o voluntad limitada para acoger de regreso a su gente.
Algunos países se niegan a aceptar vuelos para evitar verse abrumados, dijo Corey Price, entonces director de operaciones de cumplimiento y deportación de ICE en una entrevista el año pasado.
“No tenemos el control en esto”, dijo Price, quien se jubiló el mes pasado. “No decidimos unilateralmente: ‘OK, te enviaremos a tu ciudadano de regreso’. No, ese país tiene que aceptarlos de vuelta”.
