BUENOS AIRES (AP) — El presidente argentino Javier Milei intentaba asegurarse el apoyo de fuerzas aliadas en la sesión del Congreso del miércoles en la que los diputados decidirán si revocan el veto que impuso a la ley que mejoraba los salarios de los docentes y el presupuesto de las universidades públicas.
Los legisladores debatían el reciente veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada en septiembre con amplio apoyo de las dos cámaras del Congreso y que según el mandatario desequilibra las cuentas públicas.
Para que el Congreso eche para atrás el veto presidencial a una ley necesita el voto de dos tercios de los legisladores presentes en cada cámara legislativa.
Mientras el Congreso debatía, docentes, sindicatos y organizaciones sociales izquierdistas se manifestaban en las cercanías a favor de la norma. Las instalaciones de varias universidades fueron tomadas por los estudiantes.
Ricardo Gelpi, rector de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires (UBA), pidió a los legisladores en una carta pública que insistan con la sanción de la norma. Gelpi señaló que el sistema universitario público argentino “es único en el mundo” al combinar “masividad, excelencia académica e ingreso irrestricto”, lo que requiere de “inversión sostenida”.
“Actualmente, la situación de nuestro sistema universitario es cada vez más grave. Llegamos a un punto que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país y, de seguir así, estaremos en un punto sin retorno donde todo el sistema deje de existir tal cual hoy lo conocemos”, sostuvo el rector.
Otros académicos presentes en la protesta en las inmediaciones del Congreso advirtieron sobre el desgaste que sufrieron los programas de investigación y la motivación de los docentes a lo largo del año en un contexto inflacionario y de fuerte ajuste, así como la constante emigración de profesores al sector privado.
En tanto, Milei defendió su veto antes del inicio de la sesión legislativa. “El aumento para esas instituciones (universitarias) sería ceder a las viejas políticas donde se ignora la restricción de presupuesto”, dijo en la XXXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina.
El presidente de ultraderecha disparó contra quienes lideran el reclamo universitario calificándolos de “delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselo a los alumnos y profesores”.
La norma disponía una recomposición retroactiva del presupuesto de las universidades públicas y de los salarios de los docentes para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación desde diciembre. Según los últimos datos disponibles, la suba de precios entre enero y agosto fue de 94,8%.
Los salarios de docentes y no docentes han sufrido una pérdida del 40% de su poder adquisitivo en lo que va del año, según autoridades de la UBA.
En opinión de Milei, quien ha llevado a cabo el mayor ajuste del gasto de la historia reciente del país, la norma no indicaba de dónde sacar el dinero para cubrir las mejoras de salarios y de presupuesto, amenazando la preservación del déficit cero para atajar la suba de precios.
El oficialismo, que con 39 diputados está en gran desventaja numérica, tiene el apoyo del conservador PRO para blindar el veto a la norma y entablaba frenéticas negociaciones de última hora con legisladores que responden a gobernadores de algunas provincias.
Durante el debate opositores cuestionaron el alcance de los recortes del gobierno. “Sabemos que hay que hacer un ajuste… Podemos hacerlo con cualquier otro sector, pero no con la educación que es el futuro del país”, afirmó la diputada Nancy Martínez Picón, del bloque Producción y Trabajo de la provincia de San Juan.
Sobre las críticas del gobierno acerca de la falta de transparencia en el control de gastos y deficiencias en el funcionamiento de la educación universitaria gratuita, otros legisladores afirmaron que el Ejecutivo tiene las herramientas para auditar el dinero de las casas de estudio y no las ha empleado.
Milei echó por tierra la norma con un decreto publicado hace una semana, un día después de que estudiantes, profesores y opositores se movilizaron exigiendo que siguiera en pie. Fue la segunda marcha en defensa de la educación pública —muy valorada por la ciudadanía— desde la que tuvo lugar en abril.
Anteriormente había vetado una norma que aumentaba las jubilaciones aprobada en agosto, decisión que no pudo ser revocada por los diputados.
