El pasado mes de enero Alec Baldwin volvió a ser acusado de un delito de homicidio involuntario en relación con la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, que recibió un disparo mortal en el set de rodaje de la película ‘Rust’ en octubre de 2021. En un escrito hecho público el lunes por los fiscales del estado de Nuevo México, donde se produjo la trágica muerte de la mujer, se afirma que el actor de 66 años había estado «distraído» durante el entrenamiento con armas de fuego y se le podía oír «gritar y maldecir con frecuencia» durante la producción antes del incidente.
Según la fiscalía, el actor era un hombre que no tenía bajo control sus propias emociones y que no se preocupaba en absoluto de cómo su conducta afectaba al resto del equipo. «Los testigos han declarado que fue exactamente esta conducta la que contribuyó a poner en peligro la seguridad en el plató», añade.
El documento se presentó en respuesta a una moción presentada por el equipo de Alec el mes pasado para que se retiraran los cargos de homicidio involuntario presentados contra él, pero los fiscales acusaron a la defensa de exponer una «tergiversación previsiblemente falsa, engañosa e histriónica de los hechos y circunstancias de la historia del caso». Según ellos, su objetivo sería desacreditar a la acusación, la investigación que se ha llevado a cabo en torno a los hechos y los testimonios de los testigos en los medios de comunicación, para que una futura condena por ese delito sea improbable por razones que no tienen nada que ver con la culpabilidad criminal del intérprete.
Él, por su parte, acusa a la fiscalía de ‘violar todas las reglas’ posibles para conseguir su imputación por la muerte accidental de Halyna Hutchins, y sus abogados aseguran contar con argumentos más que suficientes para que se desestime el caso.
Hanna Gutierrez-Reed, la encargada de armamento de la película, fue declarada culpable de homicidio involuntario por las negligencias que desembocaron en la muerte accidental de Halyna tras recibir un disparo de un arma que no debería haber estado cargada. La armera se enfrenta a una posible pena de hasta 18 meses de prisión, con su consiguiente multa.
