Durante más de un año, organizaciones religiosas han cabildeado ante el Congreso y el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden para que corrija un repentino cambio en la forma en que el gobierno procesa las tarjetas de residencia permanente para trabajadores religiosos, lo cual amenaza la capacidad de miles de ellos para seguir laborando en Estados Unidos.
La diócesis católica de la ciudad de Paterson, Nueva Jersey, y cinco de sus sacerdotes cuyo estatus legal en el país expira la próxima primavera, han demandado ahora a las agencias federales que supervisan lo relacionado con la inmigración. Alegan que el cambio “provocará una alteración grave y sustancial en la vida y las libertades religiosas” de los sacerdotes, al igual que en las de los cientos de miles de católicos a los que prestan servicios.
“Nuestros sacerdotes sienten que estamos haciendo lo más que podemos”, dijo el obispo Kevin Sweeney, cuya diócesis abarca a 400.000 católicos y 107 parroquias en tres condados de Nueva Jersey.
La de Paterson es la primera diócesis en interponer esta demanda contra el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), dijo Raymond Lahoud, su abogado en la demanda.
Pero “hay expectación allá afuera” entre grupos religiosos que han sufrido un impacto similar, agregó Lahoud, debido a lo mucho que muchos de ellos dependen de clérigos nacidos en el extranjero que forjan sólidos vínculos en sus parroquias en Estados Unidos.
“Es tan perjudicial”, dijo el obispo Mark Seitz, que preside la comisión sobre migración para la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. El grupo ha abogado para que haya correcciones legislativas y administrativas porque las nuevas demoras extralargas en el procesamiento de las tarjetas —llamadas popularmente tarjetas verdes— “son insostenibles”.
En su propia diócesis fronteriza de El Paso, Texas, Seitz enfrenta la posibilidad de perder sacerdotes cuyos casos para obtener la residencia permanente ahora tienen pocas probabilidades de ser aprobados antes de que expiren sus visas. La ley exige que salgan de Estados Unidos al menos por un año.
“Uno es pastor de una parroquia grande y en crecimiento. Ahora se supone que debo enviarlo fuera por un año, congelarlo, por así decirlo, ¿y de alguna forma proporcionar misas?”, planteó Seitz.
Para hacer frente a una escasez de trabajadores religiosos que se ha agravado en las últimas décadas, desde hace tiempo las diócesis estadounidenses han tenido acuerdos con diócesis extranjeras para traer a seminaristas, sacerdotes y monjas de sitios tan distintos como Polonia, las Filipinas y Nigeria, dijo el padre Thomas Gaunt del Centro para la Investigación Aplicada en el Apostolado de la Universidad Georgetown.
La mayor parte de las otras denominaciones religiosas, desde el budismo al islam a los cristianos pentecostales, también reclutan a clérigos nacidos en el extranjero, por razones que van desde la necesidad de atender a crecientes comunidades que no hablan inglés a entrenamiento especializado en instituciones extranjeras imbuidas de la historia de una religión.
La mayoría de esos “trabajadores religiosos”, según la definición del gobierno estadounidense, llegan al país con visas temporales llamadas R-1, que les permiten trabajar en Estados Unidos durante cinco años. Ese solía ser tiempo suficiente para que una organización evaluara si los clérigos eran realmente una buena opción, y luego solicitara se les diera el estatus de residentes permanentes —a lo cual se le llama tarjeta verde— bajo una categoría especial llamada EB-4.
El Congreso establece un número máximo de tarjetas verdes disponibles por año y por categoría, que usualmente se basa en los tipos de empleo o en los vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses. El tiempo de espera depende de si la demanda excede el número de visas disponibles para cada categoría, y por cuánto.
Los ciudadanos de países con una demanda especialmente elevada son colocados en “filas” aparte, usualmente más largas. Actualmente, la categoría con más retrasos es para los mexicanos casados que son hijos de ciudadanos estadounidenses, donde sólo están siendo procesadas las solicitudes presentadas hace más de 24 años.
Menores de Guatemala, Honduras y El Salvador que hayan sido víctimas de abusos o negligencia —de los cuales un número creciente han solicitado tarjetas verdes humanitarias o asilo tras cruzar ilegalmente a Estados Unidos desde mediados de la década de 2010— también estaban en una fila aparte. Pero en marzo de 2023, el Departamento de Estado anunció que eso era un error y de inmediato comenzó a añadirlos a la fila general junto con los clérigos.
Eso ha creado un retraso que actualmente es de más de 3 años y medio y podría incrementarse. Algunos calculan que el obtener estas tarjetas verdes podría llevarse de 10 a 15 años.
