CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Tras realizar un análisis de las condiciones de detención del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, quien en unas semanas cumplirá dos años en prisión sin condena, un grupo de trabajo de las Naciones Unidas concluyó el martes que su arresto es arbitrario.
Zamora fue presidente del medio El Periódico durante casi 27 años y publicó decenas de notas sobre casos relevantes de corrupción.
“El caso específico contra El Periódico y su equipo es parte de un patrón general de criminalización que incluye a fiscales, periodistas y otras personas involucradas en el trabajo anticorrupción”, dijo el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
El documento resaltó que durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) El Periódico hizo 144 denuncias de corrupción de esa administración. Hasta ahora la Fiscalía General, a cargo de Consuelo Porras, no ha hecho ninguna investigación.
La orden de aprehensión contra el periodista fue emitida por el juez Fredy Orellana vinculado con la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de ultraderecha que defiende a acusados de corrupción y exmilitares señalados de crímenes de guerra. Dicha organización es querellante en la investigación contra Zamora.
En sus conclusiones el Grupo de Trabajo señaló que tras revisar información de fuentes y del Estado guatemalteco determinó que el 29 de julio de 2022 cuando se detuvo a Zamora “no se le presentó una orden de aprehensión en su contra”.
A su vez, tras analizar el tiempo en que el periodista fue puesto a disposición de un juez tras su arresto —que según el Comité de Derechos Humanos no debe exceder las 48 horas— hubo un retraso de cuatro días, lo que viola un artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La investigación del Grupo incluyó la postura del gobierno, que negó que las acusaciones contra el comunicador tuvieran que ver con su labor periodística.
El Grupo pidió al gobierno de Guatemala adoptar medidas, sin dilación, para remediar la situación de Zamora. “El remedio adecuado sería poner al señor Zamora inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”, dijo en su informe.
Además propuso que se realice una investigación “exhaustiva e independiente” en torno a las circunstancias de la detención de Zamora y se “adopte medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”.
Zamora está acusado por la fiscalía de solicitar a Ronald Navarijo —a su vez acusado de corrupción— de depositar en un banco 38.000 dólares provenientes de un donante que servirían para pagos de El Periódico. En lugar de realizar la transacción Navarijo denunció al periodista y dijo creer que el dinero era producto de chantajes.
El juez Orellana no permitió que Zamora presentara pruebas a su favor, denunció la defensa, y el periodista fue llevado a juicio. Tras el debate una jueza condenó a Zamora a seis años de prisión, pero el fallo fue anulado.
Porras y Orellana, así como integrantes de la Fundación Contra el Terrorismo, fueron sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos que les prohibió la entrada a ese país por obstaculizar la lucha anticorrupción, socavar el Estado de Derecho en Guatemala y autorizar cargos judiciales sin fundamento y con motivaciones políticas.
