La Coparmex Jalisco, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Sección de Jalisco, la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco y el Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, expresaron su preocupación respecto a las recientes propuestas de modificación a la Ley de Amparo, específicamente a los artículos 129 y 148. “En nuestra consideración, las reformas propuestas representan un retroceso significativo en la protección y garantía de los derechos humanos y colectivos, fundamentales en nuestro marco constitucional. Las modificaciones en discusión limitarían severamente la facultad judicial para emitir suspensiones con efectos generales, lo cual constituye un pilar esencial en la defensa de la justicia y los derechos de los ciudadanos en nuestro país”, coincidieron las organizaciones.
Explicaron que la historia jurídica de México ha demostrado la importancia crítica de la suspensión en el juicio de amparo, como mecanismo de protección frente a los posibles abusos de la autoridad y los actos legislativos que podrían vulnerar los derechos fundamentales de las personas.
“Restringir esta herramienta judicial es ir en contra de la tradición de protección jurídica, el parámetro de regularidad constitucional y la supremacía constitucional que ha caracterizado a nuestra nación, reconocida internacionalmente por su avanzado sistema de amparo”.
En otras palabras, esta medida también es interpretada como una estrategia de Morena y sus aliados para que las reformas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador se libren de amparos en contra.
“Hacemos un llamado a las autoridades y los legisladores para considerar profundamente las consecuencias de estas reformas, que parecen socavar la independencia del Poder Judicial y limitar su capacidad para proteger los derechos de los ciudadanos frente a las acciones gubernamentales potencialmente invasivas o perjudiciales”.
Apuntan que es imperativo mantener un sistema jurídico que opere con plena autonomía, garantizando la imparcialidad y la protección efectiva de los derechos en todos los niveles. “Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los principios constitucionales y el Estado de Derecho, donde la justicia y los derechos humanos sean siempre la prioridad. Instamos a un diálogo inclusivo y constructivo para asegurar que cualquier modificación a la Ley de Amparo fortalezca, y no debilite, la estructura jurídica y democrática de nuestra nación”.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) y la Academia Mexicana de Ciencias Penales también expresaron su rechazo a la iniciativa del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para reformar la Ley de Amparo e impedir a jueces federales otorgar suspensiones de normas con efectos generales.
Para la Jufed, encabezada por el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, limitar las suspensiones provisionales o definitivas contra leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión es una “vulneración al derecho de acceso a la justicia y de no discriminación, con especial afectación a grupos vulnerables”.
La organización consideró que la propuesta de reforma es contraria a la Constitución y afectaría directamente a las personas justiciables, ya que impediría a los jueces aplicar, en beneficio de las personas, como lo manda la Constitución, el principio de progresividad de los derechos humanos, los cuales, puntualizó, deben aumentar y no disminuir, como lo establecen también las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por México.