Por unanimidad, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos y de Bienestar del Senado, aprobaron con 39 votos reformas a los artículos 4º y 27 de la Constitución Política, para bajar de 68 a 65 años la edad para que los adultos mayores reciban una pensión y, que establecen una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
Además, las modificaciones elevan a rango constitucional el programa «Sembrando Vida» y se incluye la continuidad de los precios de garantía para maíz, frijol, arroz, leche y trigo, como parte de los programas sociales dedicados a productos campesinos y pescadores.
El Estado deberá entregar un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que siembren árboles frutales, maderables y especies procesadas y garantizar la rehabilitación de las personas con discapacidad permanente, prioritariamente, a los menores de 18 años.
El dictamen señala que el Estado deberá destinar recursos suficientes año con año para cumplir con lo dispuesto en el artículo 4 constitucional, relativo a las pensiones para los adultos mayores de 65 años y más y las personas con discapacidad permanente. El monto de los recursos no podrá ser disminuido en términos reales.
La senadora de Morena Andrea Chávez, presidenta de la Comisión de Bienestar, dijo que estas reformas representan un paso fundamental en la promoción, reconocimiento y protección de la dignidad de aquellos grupos sociales históricamente marginados y que hoy reciben la protección del Estado mexicano.
«Constituye un avance importante para construir un México fraterno, justo y digno para todas y todos, para que nadie deba preocuparse por tener un techo adecuado, para que ninguna persona con discapacidad se enfrente sola a los retos de la vida cotidiana, para que las personas adultas mayores dejen de vivir en la incertidumbre, y para que las y los campesinos, agricultores y pescadores quienes nutren nuestras tierras y aguas reciban el reconocimiento que les corresponde justo por su labor».
Amalia García, de Movimiento Ciudadano, reconoció que lo que se requiere es un Estado del bienestar que garantice el derecho de todas las personas, es decir, no un Estado que garantice recursos, programas, proyectos y políticas públicas con una visión clientelar ni tampoco una visión de filantropía.
«Si que se trata de una visión de derechos, partimos de la concepción de derechos. Las personas, los seres humanos tenemos derechos y el Estado tiene la obligación de garantizar esos derechos. Sin duda la Constitución General de la República es un documento esencial para que esa visión de derechos esté garantizada».
El panista Ricardo Anaya, adelantó el voto de su bancada a favor de las reformas.
«Y estamos convencidos de que es un acto de justicia tanto la pensión para personas con discapacidad, la pensión para adultos mayores, y por supuesto el apoyo a productoras, productores, pescadoras y pescadores».
