De acuerdo a declaraciones hechas este martes, la Fiscalía General de México se encuentra investigando 11 suicidios de mujeres que acontecieron el año pasado en una cárcel de máxima seguridad en el estado de Morelos, al sur de la capital, dicho reclusorio no fue construido para albergar a mujeres, sin embargo, actualmente cuenta con mil 174 reclusas.
Durante la conferencia matutina del Presidente, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la “ola de suicidios” comenzó en marzo del año pasado y concluyó en diciembre cuando se puso en marcha un plan integral para evitar que siguieran repitiéndose estos sucesos y analizar los problemas que llevaron a esas mujeres a quitarse la vida.
De entre las principales denuncias de los familiares, reconocidas por Rodríguez esta mañana, eran la falta de acceso a consultas médicas y medicina, así como problemas para recibir visitas o comunicarse con sus familiares, ya que en la prisión hay mujeres procedentes de lugares que están a más de mil 500 kilómetros de distancia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano gubernamental, ha denunciado en distintas ocasiones la vulnerabilidad de las mujeres privadas de la libertad en México, cuyos derechos básicos no se respetan.
Además, había reportado problemas concretos en el penal federal de Morelos cuando 400 presas sufrieron una intoxicación por alimentos en 2022.
Parte del plan que el gobierno federal puso en marcha en diciembre para frenar los suicidios fue asignar más «recursos materiales, humanos necesarios que permitan la organización y el buen funcionamiento de las áreas en que albergan mujeres», dijo la secretaria de Seguridad.
Entre otras cosas, mencionó consultas médicas básicas, que teóricamente deben proporcionarse siempre, como consultas de odontología o de salud mental y comunicaciones con sus familiares por videollamada.
Rodríguez indicó que, aunque se está atendiendo el tema, este tipo de sucesos también han ocurrido en penales de alta seguridad de otros países.
